Sin previo aviso la policía del municipio de Palmira, provincia de Cienfuegos, ha suspendido el tráfico vehicular de todos los bicitaxis que emplean una batería eléctrica para su desplazamiento. Más de 40 trabajadores en el municipio han sufrido este golpe que consideran injusto y arbitrario, sobre todo ahora que el país atraviesa por una situación económica tan extrema y donde no aparece una fuente de ingreso. Las autoridades justifican esta medida a la Ley Número 109 del Código de Seguridad Vial, pero en ninguno de los artículos aparece esta modificación como un peligro para la seguridad en las vías. La modificación tampoco representa un cambio estético en el vehículo, sino una alternativa energética en beneficio de su movimiento, lo cual no aparece estipulado en la ley. Evidentemente se trata del capricho de algún dirigente local a quien llaman el “Jefe de los Verdes”, un personaje en el municipio de Palmira que hasta los otros días disfrutaba de una motorina eléctrica, de cuyo sistema se deshizo vendiéndoselo a un bicitaxista. ¡Qué canalla! Es importante señalar que todas las personas que realizan este oficio trabajan por cuenta propia, pagan su patente y además de los impuestos, contribuyen a la seguridad social. Muchos de ellos han destinado los ahorros de su vida para comprar y mantener los bicitaxis, cuyas piezas se compran a un precio exorbitante en las tiendas en MLC. Solamente la batería de estas bicicletas sale a un precio mínimo de 850 dólares en MLC. El estado de impotencia, frustración y rabia es grande entre los afectados, porque hasta ayer el gobierno local dependía de ellos para palear los estragos de su ineficiencia con el trasporte. Durante la pandemia, eran los bicitaxis los únicos dedicados a transportar enfermos de un lugar a otro. Decenas de ciudadanos les deben su vida a falta de ambulancias y otros medios para llegar a tiempo a los servicios de emergencia. Con esta restricción vehicular tampoco pueden los propietarios usar los bicitaxis para su uso particular y viven bajo la amenaza de que le sean decomisados si son sorprendidos transitando en la calle. En el estado tan precario en que se encuentra la economía de la isla, es absurdo perjudicar a personas que buscan alternativas de subsistencia, mucho más cuando el fruto de su trabajo beneficia a la comunidad donde viven. Si un perito en ley encuentra el artículo que pueda sustentar esta medida, debería ser presentada ante un juez y luego conducida a nivel de gobierno para modificar cualquiera de sus puntos siguiendo una coherencia con los tiempos que vivimos. Un perito en ley encontraría a la administración local más responsable de infringir cada uno de los artículos en la Ley Número 109, por el pésimo mantenimiento de las calles, falta de señalizaciones y el abandono de las infraestructuras de transporte. ¿A quién rinde cuentas la administración local? ¿Quién irá a decomisarles sus cargos de funcionarios incompetentes? En lugar de gastar el tiempo en largas reuniones y llenarse la boca sobre “el bloqueo”, quizá deberían ponerse a desbloquear las múltiples regulaciones que asfixian día a día a cada cubano en la isla.
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